Identificación de Jurisdicciones de Riesgo y Personas con Responsabilidad Pública

Jurisdicciones susceptibles de riesgo:

Afganistán	Islas Marianas	Samoa (en relación con el régimen fiscal nocivo)
Anguilla	Islas Salomón	Samoa Americana
Angola	Islas Turcas y Caicos	Seychelles
Argelia	Islas Vírgenes Británicas	Siria
Bahrein	Islas Vírgenes de Estados Unidos de América	Sudáfrica
Bermuda	Mónaco	Sudán del Sur
Bulgaria	Jersey	Tanzania
Burkina Faso	Jordania	Trinidad y Tobago
Camerún	Kenia	Venezuela
Costa de Marfil	Líbano	Vanuatu
Croacia	Mali	Vietnam
Dominica	Mozambique	Yemen
Filipinas	Myanmar/Birmania
Fiyi	Namibia
Guam	Nigeria
Guernsey	Palaos
Haiti	Panamá
Irán	República Democrática del Congo
Isla de Man	Panamá
Islas Caimán	República Democrática del Congo
Islas Malvinas	República Popular Democrática de Corea

Personas Responsabilidad Pública:

De acuerdo con la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se consideran personas con responsabilidad pública (PRP) aquellas que desempeñen o han desempeñado funciones públicas importantes:

• jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios;
• parlamentarios;
• magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal;
• miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales;
• embajadores y encargados de negocios;
• alto personal militar de las Fuerzas Armadas;
• miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública;
• directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional;
• cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria;
• consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado;
• personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como las personas que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) y los diputados autonómicos;
• alcaldes, concejales y las personas que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes en el ámbito español;
• cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas.