El canal de denuncias es una herramienta utilizada por las empresas para recibir informes de irregularidades o conductas indebidas. Estas denuncias pueden abarcar una amplia gama de cuestiones, desde fraude y corrupción hasta acoso laboral.

Para que estas investigaciones sean válidas y se ajusten a derecho, deben seguirse procedimientos que respeten los derechos fundamentales de las personas implicadas, en particular el derecho a la privacidad y el derecho a un juicio justo.

En este contexto, cabe destacar el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/1981, del 1 de julio, del poder Judicial, el cual indica que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

En el escenario de un canal de denuncias interno de una empresa, una de las formas más comunes de obtener pruebas de manera ilícita es violando la privacidad de los empleados o colaboradores de la empresa.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone estrictos requisitos sobre la recopilación y tratamiento/procesamiento de datos personales, lo que es crucial en la gestión del canal de denuncias interno de una organización, base que justifica que el hecho de obtener datos sin el consentimiento adecuado provoca, de manera general, la inadmisibilidad de las pruebas en investigaciones relacionadas con un canal de denuncias interno.

Por ejemplo, hablamos de las siguientes prácticas que podrían desembocar en pruebas ilícitamente obtenidas:

  • Acceder al correo electrónico sin autorización.
  • Registrar el teléfono de una persona trabajador sin el visto bueno de esta.
  • Analizar documentos personales sin consentimiento.
  • Alterar o destruir pruebas para influir en el resultado de la investigación relacionada con un canal de denuncias.

En definitiva, las pruebas obtenidas de forma ilícita deben ser inadmisibles en:

  • Los procedimientos de investigación en los canales de denuncias internos de las empresas.
  • Los procedimientos judiciales o administrativos que deriven de las pruebas obtenidas.

Con el fin de evitar esta situación, lo recomendable es que las empresas cuenten con un protocolo procesal en el que se indiquen las reglas y las normas internas a las que deben quedar sujetas las actuaciones que se ejecuten dentro del marco de un canal de denuncias interno. Así, uno de los primeros objetivos a realizar sería conseguir el consentimiento expreso de los empleados y de las partes involucradas a la hora de recopilar los datos personales.

Hablamos de un consentimiento que sin duda debe ser informado y documentado con el fin de asegurar la legalidad de las pruebas obtenidas durante una investigación relacionada con el canal de denuncias interno.

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